CINCO DÍAS- El sector ingeniería espera que la adopción de la directiva europea de contrataciones públicas recoja la posibilidad de que los servicios de diseño y arquitectura sean adjudicados en base exclusivamente a criterios técnicos.
Imagine que para ser juez, en lugar de aprobar una oposición, bastase con ser licenciado en Derecho. Suponga que en esas condiciones, un recién titulado compite con un abogado que ha sido árbitro de un tribunal internacional durante 25 años.
Ahora figúrese que como parte del concurso, les preguntasen a cada uno por separado cuánto están dispuestos a cobrar. El más veterano pide 200.000 euros al año, mientras que el más joven se conforma con el salario mínimo.
Si se aplicaran los criterios que está usando el Ministerio de Fomento para contratar los servicios de ingeniería, el abogado que tiene 25 años de experiencia obtendría la máxima puntuación en calidad técnica, es decir, 20 de los 100 puntos en juego, mientras que el más joven recibiría 0.
Pero como en oferta económica el primero obtendría 0 puntos y el segundo, 80, al final, el candidato elegido para el puesto sería aquel que acaba de terminar la carrera.
“Esto, que es absolutamente escandaloso, es lo que se está haciendo en España para contratar ingeniería”, dice Fernando Argüello, director general de Fidex, asociación que representa a nueve de las empresas más grandes del sector.
Dependiendo de la Administración, la oferta económica está recibiendo en los concursos un peso de entre el 75% y 80% –aunque hay comunidades, como Madrid y Castilla y León, donde llega a 100%–, y la calidad técnica, de entre el 20% y el 25%.
Las consecuencias son obvias: estudios de escasa profundidad que no contemplan todas las alternativas de solución posible ni prevén todos los problemas que pueden presentarse durante la fase de construcción y funcionamiento, retrasos en la ejecución de las obras, sobrecostes…
En Estados Unidos, en cambio, una ley federal prohíbe expresamente tener en cuenta el precio a la hora de adjudicar contratos de ingeniería. La norma fue aprobada en 1972, luego de que un estudio de compañías aseguradoras concluyera que en aquellas carreteras en cuyo proceso de licitación había influido la propuesta económica para escoger a la empresa encargada del diseño, el número de accidentes superaba la media durante la vida útil de la infraestructura.
El sistema es igual en Alemania:el ministerio fija un precio y escoge a la firma que ofrece la mejor solución técnica.
En España, la esperanza del sector es que el Gobierno adopte la directiva europea de contratación pública. Esta contempla la posibilidad de que los servicios de ingeniería sean contratados a precio fijo y en base exclusivamente a criterios de calidad.
“Ahora mismo la ley española es incompatible con eso porque especifica que se debe asignar como mínimo una valoración del 50% a criterios objetivos evaluables mediante fórmulas, lo que las Administraciones interpretan como precio”, señala Argüello.
La transposición de la directiva, que debe estar lista antes de 2016, se encuentra a la espera de trámite parlamentario.
El dato
En el último año, la licitación de proyectos de ingeniería en España repuntó ligeramente, desde los 378 a los 438 millones de euros; sin embargo, el volumen se mantiene muy lejos de los 2.622 millones de 2007.
